Una vez publicado el primer borrador, al que le queda mucho recorrido parlamentario, se ven confirmados nuestros peores temores pero con agravante: nos la intentan colar doblada. Ahora sí interviene un juez… ¡y de la Audiencia Nacional!. Y en tiempo récord: 4 días. Es decir, equiparan la propiedad intelectual a un derecho fundamental de los definidos en nuestra querida (pero tan denostada) Constitución. Y no, no puede ser que los intereses de una industria (porque no hace falta decir que yo creo que la propiedad intelectual no está amenazada en las formas que penaliza la ley) se sobreponga a los derechos de los ciudadanos en algo tan básico como poder expresarse libremente en cualquier medio, tal y como marca el artículo 20 de nuestra Constitución. Porque sí, esta Ley machaca nuestros derechos civiles más elementales ya que define una ‘intención‘ de causar daño patrimonial… ojo, no el hecho probado y demostrado, si no la ‘intención‘. En ‘Minority Report’ pasaba algo parecido… pero aquello era lo que NO se debía de hacer. Es más, esa intencionalidad y cualquier otro tipo de denuncia que se haga, la podrá realizar un particular ante la Comisión de la Propiedad Intelectual que se va a crear a tal efecto, y ésta va a ser la que proponga al juez la aprobación de las medidas cautelares (el juez es un mero ejecutor de la decisión de la Comisión). Es decir, yo te puedo denunciar a ti porque tienes un enlace a contenido protegido por derechos de autor y si al final del juicio (la web te la cerrarán en 4 días, pero luego se producirá el verdadero juicio) ganas tú y te vuelven a abrir la web… tú a mi no me puedes denunciar por daños y perjuicios, denuncias al Estado que es el que te ha denunciado ante el juez.

Afortunadamente el Gobierno se ha encontrado con una fuerte oposición en internet y que va a ir extendiéndose a todos los rincones de la sociedad ya que esto afecta a todos, no solo a los internautas. Se ha creado una plataforma, Red S@Stenible, que pretender ser el núcleo de unión de todos los movimientos de protesta, para que no se pierdan en el mar y consigamos tener voz y que se nos escuche. Evidentemente, suscribo y apoyo las tesis de esta plataforma y este blog se une a ella de forma tácita. Solo de una forma organizada y premeditada podemos crear una rebelión civil que consiga que nuestros gobernantes por fin se enteren de que no nos pueden pisar, y que si lo intentan, van a caer.

Pero el Gobierno no sabe a lo que se enfrenta. No tienen ni idea, si lo supieran tendrían miedo. Pero como no conocen internet ni tienen la más mínima idea de cómo funciona y en base a que criterios lo hace, no saben a lo que se enfrentan: millones de ciudadanos organizados en base a una simple página web y que pueden ser la fuerza del cambio. Podemos, y debemos, ser aquellos que tiren atrás una ley injusta que nos pone al nivel de Cuba o China. Podemos potenciar un cambio de mentalidad respecto a internet en la sociedad española. Es más, tenemos la capacidad de propiciar un cambio de gobierno única y exclusivamente basado en la defensa de los derechos de los ciudadanos en internet. Con este tema de internet, el Gobierno ha dado con la horma de su zapato.

Foto | Hamed Saber

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red, en España ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Así pues, el miembro de ERC Joan Puig (cuidado, en cualquier momento puede aparecer en su piscina o llamar nazi a su aerolínea favorita) ha arremetido contra todo bicho viviente que ha firmado el Manifiesto. Dice que “poco más de 100.000 firmas” es un absoluto fracaso. Para empezar que no solo de firmantes de El Mundo vive el manifiesto. Si a los casi 130.000 sumamos los 65.000 de Libertad Digital, tenemos casi 200.000, cifra que se ve ampliamente superada si sumamos las firmas conseguidas por el ABC y por partidos y otras entidades como UPyD. Pero que no se preocupe el señor Puig, que al manifiesto le quedan muchos meses de vida.

Y le queda tanto tiempo porque los hechos como este (cuya imágen es la que encabeza este post), nos dan la razón a todos aquellos que hemos firmado el manifiesto. Porque la tenemos: no se puede tolerar que la lengua que habla 500 millones de personas sea relegada o incluso prohibida (ver imagen) en algunos sitios de España. No lo podemos consentir. Ni es democrático ni lo va a ser nunca, pese a que intenten hacernos creer que los antidemócratas somos nosotros.

Si no has firmado todavía el Manifiesto, leelo y fírmalo ya. Es de sentido común.