El viernes fue aprobada en Consejo de Ministros, y el lunes publicada, el borrador de la Ley de Economía Sostenible que incluye la Disposición final primera que para aclararnos todos, es esa que movilizó a gran parte de internet en eso que se ha dado en llamar ‘Manifiesto en defensa de los derechos de los ciudadanos en internet‘ y que ha hecho correr ríos de bytes en la red.

Una vez publicado el primer borrador, al que le queda mucho recorrido parlamentario, se ven confirmados nuestros peores temores pero con agravante: nos la intentan colar doblada. Ahora sí interviene un juez… ¡y de la Audiencia Nacional!. Y en tiempo récord: 4 días. Es decir, equiparan la propiedad intelectual a un derecho fundamental de los definidos en nuestra querida (pero tan denostada) Constitución. Y no, no puede ser que los intereses de una industria (porque no hace falta decir que yo creo que la propiedad intelectual no está amenazada en las formas que penaliza la ley) se sobreponga a los derechos de los ciudadanos en algo tan básico como poder expresarse libremente en cualquier medio, tal y como marca el artículo 20 de nuestra Constitución. Porque sí, esta Ley machaca nuestros derechos civiles más elementales ya que define una ‘intención‘ de causar daño patrimonial… ojo, no el hecho probado y demostrado, si no la ‘intención‘. En ‘Minority Report’ pasaba algo parecido… pero aquello era lo que NO se debía de hacer. Es más, esa intencionalidad y cualquier otro tipo de denuncia que se haga, la podrá realizar un particular ante la Comisión de la Propiedad Intelectual que se va a crear a tal efecto, y ésta va a ser la que proponga al juez la aprobación de las medidas cautelares (el juez es un mero ejecutor de la decisión de la Comisión). Es decir, yo te puedo denunciar a ti porque tienes un enlace a contenido protegido por derechos de autor y si al final del juicio (la web te la cerrarán en 4 días, pero luego se producirá el verdadero juicio) ganas tú y te vuelven a abrir la web… tú a mi no me puedes denunciar por daños y perjuicios, denuncias al Estado que es el que te ha denunciado ante el juez.

Afortunadamente el Gobierno se ha encontrado con una fuerte oposición en internet y que va a ir extendiéndose a todos los rincones de la sociedad ya que esto afecta a todos, no solo a los internautas. Se ha creado una plataforma, Red S@Stenible, que pretender ser el núcleo de unión de todos los movimientos de protesta, para que no se pierdan en el mar y consigamos tener voz y que se nos escuche. Evidentemente, suscribo y apoyo las tesis de esta plataforma y este blog se une a ella de forma tácita. Solo de una forma organizada y premeditada podemos crear una rebelión civil que consiga que nuestros gobernantes por fin se enteren de que no nos pueden pisar, y que si lo intentan, van a caer.

Pero el Gobierno no sabe a lo que se enfrenta. No tienen ni idea, si lo supieran tendrían miedo. Pero como no conocen internet ni tienen la más mínima idea de cómo funciona y en base a que criterios lo hace, no saben a lo que se enfrentan: millones de ciudadanos organizados en base a una simple página web y que pueden ser la fuerza del cambio. Podemos, y debemos, ser aquellos que tiren atrás una ley injusta que nos pone al nivel de Cuba o China. Podemos potenciar un cambio de mentalidad respecto a internet en la sociedad española. Es más, tenemos la capacidad de propiciar un cambio de gobierno única y exclusivamente basado en la defensa de los derechos de los ciudadanos en internet. Con este tema de internet, el Gobierno ha dado con la horma de su zapato.

Foto | Hamed Saber

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