Libertad Digital

Una tregua para cerrar el frente anti PP

«El “precio político” para que ETA deje de matar sigue ahí, y si no, que se lo pregunten a los terroristas y al socio de Maragall respecto a la tregua en Cataluña o respecto a la futura tregua que ETA pudiera ofrecer ahora a Zapatero.

Todavía es pronto para la infamia de responsabilizar al PP de los muertos de ETA, como se le ha responsabilizado de los asesinatos de Al Qaeda. Pero espérense a que llegue una nueva tregua de ETA, y ya verán como no falta quien culpe al “inmovilismo” del PP y a su “crispante” rechazo al “diálogo”, del riesgo de que los terroristas vuelvan a matar. Lo que no nos cabe ninguna duda es que los galgos van a querer hacer suya la victoria de los podencos del 11-M. Y no faltarán conejos que les ayuden.»

“¿Una tregua para cerrar el frente anti PP?“, Editorial de Libertad Digital, 12 de abril de 2004.

Era previsible en un dirigente y en un partido que, como ZP y el PSOE, no dudaron en hacerle el juego político a los terroristas, con la excusa de que eran galgos y no podencos los autores de la mayor masacre terrorista de nuestra historia. Era previsible en un gobierno que, como el de Zapatero, no abandonó a sus compañeros de viaje, ni al conocerse lo de Perpiñán ni al lograr llegar al Gobierno.

La verdad es que los socialistas ni siquiera han esperado a que se hiciera oficial la tregua-pacto con ETA para arremeter contra el PP, al que le “fastidia que ETA lleve años sin matar” –tal y como dijo José Blanco hace unas semanas– y al que ya han acusado de “hacer más ruido que ETA”, tal y como hizo el ministro de Justicia el pasado domingo.

Este miércoles, Zapatero sólo ha buscado la suicida complicidad del principal partido de la oposición para que no alce su voz ante un chantaje que, no sólo los terroristas, sino el propio gobierno del 14-M y sus aliados nacionalistas llaman “proceso de paz”. “Proceso de paz” que, por su propia naturaleza, está abocado a sortear los imperativos del Estado de Derecho, tal y como el Fiscal General de ZP ha corrido a poner de manifiesto. Ciertamente, no se puede aspirar a sentar en el banquillo a unos criminales a los que el Gobierno ofrece sentarse en una mesa de negociación.

Lo grave es que este gobierno no sólo pretende neutralizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Administración de Justicia, tal y como, en parte, ya lo ha hecho mucho antes de que lo exigiera el “proceso de paz” oficialmente puesto ayer en marcha por los terroristas. Lo grave es que este gobierno, además de estar dispuesto a “dar una salida a los presos” –como le dijo ZP a Savater–, pretende además pactar con los separatistas de Estella –incluidos los representantes de ETA– el fin del Estatuto de Guernica.

El deseo de ZP de blindar el frente anti PP exige, como contrapartida, que los nacionalistas avancen hacia sus objetivos separatistas, no sólo en Cataluña, sino también en el País Vasco. En Cataluña había ya una tregua y un partido que como CiU disimula muy bien su radicalismo soberanista. Tratar de contentar al Club de Perpiñán en el País Vasco, donde sólo hay partidos abiertamente separatistas y donde no había una tregua, podía someter al gobierno del 14-M a un enorme desgaste, por mucho que lo arropasen sus poderosísimos medios de comunicación. El Gobierno necesitaba, además, el anestésico de la “paz” para tratar de satisfacer a los separatistas vascos.

Lo primero que hizo para lograrlo fue acabar con el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, puesto que este pacto vetaba cualquier acuerdo de sus firmantes con los separatistas vascos mientras no renunciaran a la autodeterminación. Con los firmantes de Estella y con el resto de formaciones nacionalistas, el gobierno del 14-M aprobó una resolución en el Congreso en el que, a cambio de la tregua, renunciaba al concepto de “derrota del terrorismo” para sustituirlo por una oferta de “diálogo”.

Luego, había que dejar pasivamente que los proetarras burlaran la Ley de Partidos con las nuevas siglas del PCTV y hasta con las propias siglas de Batasuna. Neutralización y acoso de aquellos jueces y fiscales que, como Fungairiño, Marlaska o los propios magistrados del Tribunal Supremo, fueran más sensibles al imperio de la ley y a la fortaleza del Estado de Derecho que a esa pretendida negociación con terroristas que la propaganda del gobierno, la apología del terrorismo y una legión de bienintencionados tontos útiles denominan “proceso de paz”.
En cualquier caso, lo que resulta evidente es que el “precio político” sigue permanentemente ahí, tal y como han manifestado los terroristas en su comunicado de “alto el fuego”. Que ni ETA ni Carod Rovira tendrán suficiente con los nuevos estatutos, por mucho que estos supongan una ruptura del consenso constitucional; poco les importará, como poco le importará al presidente del gobierno del 14-M si el anestésico de la paz le ayuda a conservar el poder logrado cuatro años antes por el horror a una masacre. Lo avanzado por el separatismo quedara ahí sin que nadie reconozca que fue el infame precio pagado por intentar contentar a los que no se van a contentar. En cualquier caso, tal y como decíamos hace dos días, “la ofensiva del mal llamado “proceso de paz” contra el Estado de Derecho no ha hecho más que empezar”.

Fuente: Libertad Digital

ABC

Sin precio político

La banda terrorista ETA emitió ayer un comunicado en el que anuncia «un alto el fuego permanente» a partir de mañana. El objetivo de este gesto es «impulsar un proceso democrático para Euskal Herria para construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos que como pueblo nos corresponden y asegurando cara al futuro la posibilidad de desarrollo de todas las opciones políticas». En una traducción meramente deductiva, ETA pretende que, al amparo de ese «alto el fuego permanente», el Gobierno y las demás instituciones del Estado negocien, de una parte, un marco jurídico-político para el País Vasco -ETA también emplaza al Estado francés- diferente del actualmente recogido en el Estatuto de Autonomía de Guernica, y, de otra, que se proceda a legalizar de nuevo a Batasuna, que es su marca electoral.

Ante esta pretensión de la banda terrorista ETA, y antes de cualquier otra consideración, es necesario reconocer al Gobierno español un amplio margen de confianza para la gestión de la nueva situación que se plantea. El Gabinete de Rodríguez Zapatero merece el mismo trato que recibieron el de Felipe González en 1989 y el de José María Aznar en 1998. Y en ese margen de confianza se debe mover el Ejecutivo para lograr que la banda terrorista ETA deponga definitivamente las armas sin que esa decisión conlleve contrapartida o precio político o de otra naturaleza. La sociedad española; el sistema político que alumbró la Constitución de 1978, posterior a una amnistía que vació las cárceles de presos etarras; la generalización del proceso autonómico, específicamente en el País Vasco, mediante un autogobierno sin parangón en los países de nuestro entorno, y la memoria de las víctimas son argumentos definitivos e irreversibles para exigir a ETA que olvide cualquier aspiración a obtener rédito alguno del cruel ejercicio terrorista que ha venido desplegando, y que se ha cobrado casi mil víctimas mortales y decenas de miles de millones en pérdidas materiales, además de un sufrimiento colectivo e individual de incalculable valor moral.

ES prudente, por eso, que el presidente del Gobierno se tome el tiempo necesario para comprobar las posibilidades de obtener la renuncia terrorista de ETA, y sólo cuando tenga muestras inequívocas de que la banda se resigna a dejar de delinquir de modo definitivo debe acudir al Congreso con el discurso que, en atención a los datos de que disponga, considere procedente. Rodríguez Zapatero, su Gobierno y el PSOE saben que carecen de potestad y de legitimidad -y, por supuesto, de mandato popular- para moverse fuera de los parámetros que en estas líneas se exponen. El Ejecutivo debe recabar todos los apoyos en esta coyuntura tan especial y los obtendrá íntegros en la medida en que, con la máxima transparencia, se encare a la decisión de ETA con lucidez ética, política e histórica.

Las esperanzas hay que administrarlas sin avaricia, pero también sin despilfarro. No es la primera vez que la banda terrorista declara una tregua para, después de transcurrido un tiempo, volver a practicar sañudamente el terrorismo. En esta ocasión, como era previsible, los dirigentes etarras han cuidado de no rememorar las vicisitudes de 1989 y 1998. Se refieren a su decisión no como tregua, sino como «alto el fuego permanente», expresión emparentada con la semántica utilizada en su día por el IRA, pero que enlaza con un propósito que no es de irreversibilidad. Es decir, ETA no anunció ayer el abandono de las armas, sino una suspensión de sus actividades criminales -es de suponer que de todas sin distinción, incluida la extorsión a empresarios y profesionales del País Vasco y fuera de él- cuya inmutabilidad queda condicionada a una negociación claramente política, expuesta en unos términos calculadamente blandos, pero suficientemente explícitos de que su objetivo es convertirse, por sí o a través de otros, en interlocutora del Gobierno y, en definitiva, del Estado. Contra esta ensoñación totalitaria de los terroristas -a los que debe persuadir de su derrota, no ya operativa, sino también política, social y moral- habrá de luchar el Ejecutivo. Los sucesivos gobiernos democráticos, secundados por una opinión pública española resistente al sufrimiento y por un heroico sector constitucionalista en el País Vasco, son los titulares del mérito de haber derrotado a ETA hasta el punto de alcanzar una situación como la ayer anunciada por la banda.

EL Gobierno y su presidente -que lo es de todos, incluso de los que discrepan de sus actuaciones- deben, primordialmente, en esta nueva tesitura cuidar con esmero y grandeza de miras la unidad de los partidos políticos con representación parlamentaria, pero también de la cohesión de la opinión pública en torno a los grandes valores de las democracias fuertes y solventes. Las manifestaciones convocadas por las víctimas para disuadir al Ejecutivo de cualquier negociación con ETA no han sido episodios anecdóticos, sino de hondísimo calado. La capacidad de convocatoria de las víctimas, secundada por el primer partido de la oposición y otras asociaciones y colectivos, remite a una convicción muy arraigada en el conjunto de la sociedad española cuya formulación es muy simple: la paz no tiene precio político.

Desde estas perspectivas, en las que la esperanza no debe velar la encarnadura criminal de ETA, ni nublar el recuerdo de sus terribles delitos, ni alejar la memoria de sus cientos de víctimas, ni relegar los aprendizajes que la historia proporciona, ha de insertarse lo que es un tiempo nuevo y distinto, pero no inédito. La inmensa mayoría de los ciudadanos españoles desean que éste sea el «principio del fin» de ETA. No está claro que así sea, porque también pudieron pensarlo -y hacerlo igualmente con sólidos argumentos- con motivo de la tregua de 1989 y en la de 1998. En aquellos hitos históricos que alentaron tantas ilusiones, ETA mostró, al final, su auténtica faz, la peor. Ahora, la sintomatología de la estrategia etarra recuerda a la del IRA. En Irlanda del Norte no se ha establecido la paz -de hecho, la autonomía sigue suspendida por el Gobierno de Blair-, pero se rehabilitado la situación general, aunque con la permanencia de ciertas derivas mafiosas que no permiten aún la visualización de un proceso concluido y bien rematado.

Si lo que mañana se inicia es el «principio del fin» de ETA, como todos los ciudadanos de buena fe desean, lo será no tanto porque así lo decida la banda terrorista, sino porque el Gobierno gestione con inteligencia, fibra ética y adhesión constitucional la situación; porque la sociedad se sienta reconocida en su esfuerzo histórico de combatir el terror; porque, sin sectarismos, se reconozca a los sucesivos gobiernos -tanto de Suárez como de Calvo Soltelo, González y Aznar- su aportación innegable en la lucha por la libertad y se asuma con plena convicción que, pronto o tarde, pero de manera indefectible, siempre triunfan la justicia y la libertad. Y que ambas se obtienen y disfrutan sin más precio que la decisión democrática colectiva de todo un pueblo que, como el español, no admitirá una ecuación indigna para lograrlas en plenitud.

Fuente: ABC

El País

Oportunidad inédita

El alto el fuego permanente de ETA supone una oportunidad inédita que sería irresponsable no intentar aprovechar. Lo nuevo no es el anuncio de tregua, sino que se produzca tras un periodo prolongado, casi tres años, sin atentados mortales. Pero la experiencia obliga a extremar la cautela. ETA habla de alto el fuego “permanente”, expresión deliberadamente ambigua. Antes de dar cualquier paso será preciso, de acuerdo con la resolución aprobada en mayo pasado por el Congreso, verificar si se trata de un compromiso firme de renuncia definitiva a la violencia, incluyendo el recurso a la extorsión y otras formas de coacción. Para que la oportunidad abierta desemboque en el fin de ETA será preciso medir los pasos con inteligencia, mantener el criterio de que no puede haber contrapartidas políticas y actuar desde la unidad de todos los demócratas.

La clave del comunicado por el que ETA declaraba ayer un alto el fuego es el adjetivo que lo acompaña: permanente. Se trata, en primer lugar, del mismo término empleado en su día por el IRA, cuyo modelo sigue ETA y sobre todo Batasuna (la Batasuna de Otegi). Permanente es más que indefinida, expresión desacreditada por la tregua de 1998: hasta Arzalluz declaró, tras su ruptura, que ya sólo tomaría en serio ofertas de alto el fuego si eran “definitivas, sin vuelta atrás”. Pero alto el fuego permanente no es lo mismo que el fin definitivo de la violencia -”disolverse y deponer las armas”- que la resolución del Congreso consideraba como único destino de ETA. La ambigüedad calculada del comunicado aspira seguramente a permitir una interpretación que, sin ser de reconocimiento abierto de derrota, al estilo de la carta de Pakito, pueda tener encaje en las condiciones establecidas por el Congreso para impulsar un “final dialogado de la violencia”. Ese posible cálculo, más el tono general del escrito, relativamente sobrio y bastante medido, parecen indicar que se trata de un texto pactado. Lo que remite a la existencia de alguna forma de contacto previo, directo o a través de intermediarios. Esto explicaría el optimismo gubernamental de los últimos meses frente a señales tan negativas como la continuidad de los atentados mafiosos y de la violencia callejera. Tal vez la decisión ya estaba tomada, como se rumoreaba desde diciembre, y ETA estaba buscando el momento publicitariamente más conveniente para hacerla pública. Esas señales serían la forma de demostrar que conservaba capacidad de hacer daño. La convocatoria de huelga general del 9 de marzo habría querido ser, en esa lógica, la prueba de su capacidad de movilización como paso previo al esperado anuncio. Pero el fracaso de la huelga, más la imputación por la justicia de sus convocantes, entre ellos Otegi, habría alertado de los riesgos de prolongar la situación. El comunicado de ayer evita hablar directamente de autodeterminación o lo que suelen llamar “territorialidad”, pero mantiene que el objetivo del alto el fuego no es acabar con la violencia, sino alcanzar su programa político, que presenta como “reconocimiento de los derechos que como pueblo nos corresponden”; España y Francia deberán aceptar “sin limitaciones” esos derechos y respetar “la decisión de los ciudadanos vascos”. Resulta sarcástico que ETA exhorte a los demás a respetar la decisión de los ciudadanos tras más de tres décadas de ignorar el deseo de paz de la inmensa mayoría de la población y de acumular más de 800 muertos. También advierte a Francia y España de que deben abandonar la represión. En un segundo comunicado publicado la pasada madrugada, ETA reitera las ideas del primero y muestra su deseo de construir “una paz basada en la justicia”. Y añade: “Nos reafirmamos en el compromiso de seguir luchando hasta lograr los derechos de Euskal Herria”. El presidente del Gobierno reaccionó con muy medida cautela, evitando cualquier expresión triunfalista y apelando a la recomposición de la unidad entre los partidos, y especialmente entre el suyo y el de Rajoy, que se había limitado a decir que el de ayer no era el anuncio de ETA que esperaban los ciudadanos. Por supuesto que lo ideal sería que ETA se rindiera incondicionalmente, como pedía hace poco Acebes, pero es poco realista esperar algo así. Incluso si ETA hubiera interiorizado su derrota política, en el sentido de que no existe ya ninguna estrategia política a la que haga avanzar la violencia, no lo plantearía en esos términos. Lo que permite mantener la esperanza no es que hablen de alto el fuego permanente, sino que ello ocurra tras casi tres años sin muertos. La resolución del Congreso define la pauta a seguir. Lo primero es exigir a ETA que aclare que su renuncia es irreversible, como planteó ayer el líder del PNV, Josu Jon Imaz, y también Zapatero al decir que se tomaría su tiempo antes de llevar el asunto al Congreso. Un tiempo para confirmar la voluntad de ETA, que recuerda el que se tomó John Major para realizar “verificaciones” sobre el alcance del anuncio de tregua del IRA en 1994. La distinción entre contrapartidas políticas y medidas de gracia para presos y activistas es en parte artificial, porque también esas medidas serían políticas. Pero resulta eficaz para marcar la frontera entre lo posible y lo que no lo sería, de acuerdo con la resolución del Congreso. Resultó especialmente inoportuna la interferencia del lehendakari Ibarretxe anunciando la convocatoria de una mesa de negociación política, llamada de normalización, a la que seguiría su famosa consulta. Rajoy reiteró su rechazo a pagar precio político alguno y ofreció su colaboración para avalar la firmeza del Gobierno al respecto. Está bien, pero podía haber añadido que un alto el fuego permanente es una buena noticia y una oportunidad a no desaprovechar; y haber respondido con algo más de cordialidad a las palabras conciliadoras de Zapatero hacia él. En la ponencia sobre terrorismo aprobada en la reciente convención del PP se afirma que “no cabe el diálogo con los terroristas en tanto mantengan su voluntad asesina de utilizar el terror”. Lo cual, leído desde el otro lado, significa que si aparece un compromiso verificable de abandono de la violencia ese diálogo será posible, como afirma la resolución del Congreso. Hay base para que los dos grandes partidos vayan juntos en este asunto a fin de que su desembocadura sea un fin de ETA con justicia.

Fuente: El País

Diario de Navarra

Movimiento de la banda etarra

A diferencia del comunicado de casi trescientas líneas emitido por ETA el 16 de septiembre de 1998 para anunciar su última tregua, el nuevo mensaje apenas deja entrever las intenciones de la banda terrorista y, de momento, es difícil aventurar su alcance. Cierto es que se ha producido un punto de inflexión en la lucha antiterrorista, pero la desconfianza que inspira ETA produce en la ciudadanía sentimientos encontrados, desde la esperanza hasta el escepticismo.Hace diez meses, el Congreso de los Diputados, con la oposición del PP, autorizó al presidente del Gobierno a iniciar contactos con los violentos si éstos dejaban las armas. Ello supuso un vuelco en la política antiterrorista y desde entonces se ha especulado con hipotéticas negociaciones. De hecho, buena parte de los partidos políticos ya barajaban desde hace días la posibilidad de que ETA hiciera pública una nueva tregua, la séptima. Y así ha sido, aunque el movimiento de ficha quede tamizado por la semántica de las palabras y una terminología diferente. A día de hoy nadie puede predecir el verdadero significado de un alto el fuego permanente y ni siquiera si se trata de otra tregua-trampa de una organización, cada vez más acorralada y con las arcas vacías, que requiere tiempo para reorganizarse y rearmarse. El compás de espera que se abre invita a la cautela y a la prudencia que reclaman todos los sectores sociales, y será el tiempo y los resultados quienes den la razón a unos y se la quiten a otros.

Hay elementos positivos en la declaración, como es el hecho de que los terroristas suspendan públicamente sus crímenes y asesinatos, si bien no mataban desde el atentado de Sangüesa, el 30 de mayo de 2003. Tampoco se puede olvidar que, en estos casi tres años, la banda etarra ha incrementado sus procedimientos mafiosos y extorsiones, como bien saben muchos empresarios navarros, algunos de los cuales han visto reventados sus negocios. El comunicado no va más allá y no supone ni el abandono definitivo de las armas ni la disolución de la banda. De momento, sólo es un guiño a Rodríguez Zapatero, una muestra de que están dispuestos a negociar y es ahí donde cada uno deberá mostrar sus verdaderas cartas. De forma extraña, ETA omite cualquier alusión a los principales objetivos del grupo. No habla de presos, ni de independencia, ni de Navarra. Eso, después. Los terroristas han dejado la pelota política en el tejado de la Moncloa, advirtiendo que «el final del proceso» deberá someterse obligatoriamente a referéndum.

A falta de que se concreten los términos de la negociación, el anuncio etarra llega en el peor de los momentos, cuando se vive el máximo enfrentamiento entre los principales partidos del país. Y es ahora cuando más se necesita la calma, la estabilidad y la unión de las fuerzas democráticas, sobre todo del PSOE y de PP. Sin el acuerdo entre estos partidos, todo compromiso servirá para dar pasos en falso y para alimentar la frustración de la ciudadanía y de las víctimas del terrorismo, cansados de tanto desatino político. La unidad antiterrorista es la base para acabar con la banda de asesinos y todo lo que conlleve al enfrentamiento sólo redundará en balones de oxígeno para los violentos. Frente al envite etarra sólo cabe una respuesta unívoca y ése es otro anuncio que los ciudadanos esperan con tantas ansias como el mensaje etarra.

Fuente: Diario de Navarra

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